Comunicar el sistema penal acusatorio y oral mexicano

Comunicar el sistema penal acusatorio y oral mexicano

Mérida, Yucatán a 22 de septiembre de 2014.- Cuando ingresé al Poder Judicial de Yucatán, sólo faltaban unos meses para que el primer distrito judicial del estado iniciara el sistema acusatorio y oral que actualmente ya se aplica en todo el estado, para impartir justicia en materia penal.

Era obvio, periodísticamente hablando, que el cambio, los principios y todas las ventajas que se vislumbraban con este sistema, eran una gran, gran noticia, dado que, tan sólo el hecho de plantear audiencias públicas y orales para resolver cada etapa del proceso, representaba, a los ojos de cualquiera, una enorme ventaja sobre el sistema anterior.

Lo que no era obvio, y aún sigue siendo un gran desafío no sólo para Yucatán, sino para todo México, era cómo los ciudadanos, ajenos al entendimiento del sistema de justicia y con justificada razón desconfiados del mismo, podrían conocer, entender y apreciar este enorme cambio.

Es posible que nunca, como antes, una institución como el Poder Judicial, requiriera elementos muy diferentes a su ámbito tradicional de acción para poder comunicar este cambio y todos los que le seguirían, a sus justiciables. En mi temprana percepción, en aquel año de 2011, esa misma necesidad se haría extensible para los demás Poderes e instituciones inmersas en el cambio.

Uno de los primeros pensamientos que vino a mi cabeza en ese entonces, era la enorme brecha que existía entre dos mundos tan distanciados por el lenguaje y por los conceptos jurídicos que se esconden en términos y palabras que los convierten en verdaderos mensajes encriptados, que sólo pueden ser descifrados por quienes conocen el código, mientras los demás tendríamos que quedarnos ajenos, sin posibilidad de acceder a la comprensión del mismo.

Tan desafiante como la ejecución de este cambio que ya estaba planeado años atrás y se ha consolidado de manera ejemplar en Yucatán, el desafío comunicacional sigue siendo un pendiente.

El puente que debe construirse para acercar a dos mundos tan diferentes, mediante la comunicación, es una gran empresa, una empresa costosa económica e intelectualmente y que depende de otros actores, no institucionales, entre ellos los medios de comunicación y los propios abogados. Sin la comprensión que éstos tengan del sistema, la comunicación del mismo hacia los ciudadanos quedará siempre distorsionada.

Por otro lado, no puede haber una buena comunicación del cambio, cualquiera que ésta sea, si la experiencia del usuario no refleja las ventajas que el cambio promete. De manera que, detrás de una buena comunicación tiene que haber siempre un buen servicio. Sólo en esta forma ese cambio será comunicado positivamente por los usuarios. A mi juicio, esta es quizás la mejor publicidad para cualquier institución o empresa.

Además, para poder construir este puente de entendimiento, se supondría que los abogados y jueces, entre otros actores del ámbito penal, tienen la voluntad de darse a entender ante los ciudadanos, es decir, implementar las acciones necesarias desde su propio ámbito, principalmente abrir canales y dotar de condiciones a sus propias instituciones, para que la información se difunda con fluidez y en un llamado “lenguaje ciudadano”, es decir, accesible al entendimiento del ciudadano común.

Y que por su parte los ciudadanos tienen algún interés en conocer el funcionamiento del nuevo sistema penal y las motivaciones que tienen los jueces y magistrados en sus decisiones, así como lo que esconde el incomprensible lenguaje de los abogados.

Me parece que a este punto las complicaciones van creciendo y la empresa se vislumbra punto más que compleja.

En primer lugar, los ciudadanos no se levantan pensando en que nuevos cambios se están aplicando a la justicia penal. De hecho, diría que la mayoría son ajenos al tema, a menos que hayan tenido la penosa necesidad de verse frente a un juzgado o proceso judicial de alguna índole, lo que en su mayoría se remite a temas familiares y no penales. Así que esta primera premisa, que supone que los ciudadanos deberían estar interesados en la comunicación del nuevo sistema penal, no se cumple.

Por el contrario, nos dirigimos a un público ajeno al tema, desconectado del mismo y, por si fuera poco, desconfiado.

Además, aunque no necesariamente están más informados, los ciudadanos sí se encuentran más “empoderados” para no ser “engañados”. Es el caso de una persona que con un smartphone y acceso a una red social, puede comprometer a cualquiera que sea objeto de su suspicacia, sea esta justificada o no.

De tal suerte que para los jueces, magistrados, personal de instituciones de defensa, ministerios públicos, policías, y abogados particulares que toman parte en el proceso y forman este otro mundo “legal”, la exigencia no es menor, puesto que ahora se encuentran permanentemente en el ojo crítico del ciudadano, de los medios de comunicación y de las llamadas asociaciones civiles.

Y ya que nos referimos a estas últimas, es importante resaltar que, en las últimas décadas, con las políticas recientes de transparencia y apertura, han ganado una presencia importantísima e incluso van siendo cada vez más integradas a los consensos en los proceso de cambio referentes al sistema penal.

Dado lo anterior ¿Cómo hacer entonces, que estos mundos se conecten?

Mi propuesta general, en una segunda entrega