México, un pueblo sin ley...de medios
Por Gabriela Amador
Para continuar con el tema de la forma en que hoy en día funcionan las áreas de comunicación en México, es preciso hacer las siguientes reflexiones y referirnos al polémico tema del proyecto de Ley de Publicidad y comunicación institucional que se debate actualmente en España, una referencia importantísima que nos obliga a pensar en los asuntos pendientes que, sobre el tema, tenemos en México y que nos permitirían contar con un marco para hacer, de éstas áreas, Direcciones de Comunicación con un objetivo verdaderamente Social.
Hay sociedades que a base de ejercer el análisis sobre sus propias normas se vuelven, lo menos, más participativas. Estas sociedades incluyen desde luego a todos los ciudadanos en general y en particular a los que pertenecen y actúan dentro grupos de influencia importantes, más allá de los que lo hacen dentro de las instituciones.
Una de estas sociedades es la sociedad española en general y en particular el grupo de investigación relacionado con el desempeño de los medios de comunicación en ese país y fuera de él.
Es un hecho que España ha avanzado de forma importante en el campo de la investigación sobre este tema y ha hecho aportaciones muy valiosas que surgen de la observación del fenómeno mediático. Decenas, quizás cientos de investigadores españoles en este ámbito han hecho aportaciones novedosas pero también han formalizado con rigor científico hipótesis referentes a diversos temas sobre los medios de comunicación y la opinión y el espacio público que habían sido abordadas exclusivamente con base en la experiencia.
México ha empezado también a abrazar con mayor fuerza las reflexiones en torno a los medios de comunicación. Esfuerzos como los de la Asociación Manuel Buendía y la Revista Mexicana de Comunicación son referencias obligadas.
América Latina, en general, ha despertado también a esta necesidad de discutir sobre la actuación de los medios de comunicación y países como Argentina, Chile y Colombia lo han hecho vivamente, haciendo aportaciones muy valiosas.
Regresando a España, es conveniente en este punto contemplar la propuesta de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, cuyos objetivos prioritarios son: garantizar la utilidad pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional en el desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y comunicación.
“La utilidad pública como objetivo de estas campañas (del gobierno) implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”, dice el texto en su exposición de motivos.
El segundo objetivo pasa por profesionalizar la planificación, ejecución y evaluación de las campañas, para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos.
Con el tercer objetivo se fortalece la transparencia de las campañas, mediante la habilitación de fórmulas que den a conocer todas las actividades de publicidad y comunicación que prevea desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades que le están adscritas.
En España, esta propuesta de Ley ha cimbrado el panorama mediático y de publicidad, ya que como publica la edición “Cinco días”, “la administración central es el primer anunciante de España por volumen de inversión”.
Aunque en México parecemos estar muy lejos de llegar a la madurez para obtener una propuesta de Ley de este tipo, no hay que minimizar que la “democracia mediática” ha provocado algunas reacciones difíciles de concebir tan sólo unos años atrás. La mejor muestra es el convenio signado entre Teevisa y el IFE recientemente, y los esfuerzos de este instituto para aclarar el origen de los recursos que los candidatos utilicen en sus campañas.
Aunque analistas de Santander, dice Raúl López Parra en un artículo para la RMC, consideran que el convenio Televisa-IFE dificulta que la empresa alcance los ingresos estimados en 90 millones de dólares; (…) aún así prevé que 70% de las prerrogativas de los partidos se destinará a la televisión (133 millones de dólares) y de este monto 68.4% serían captados por Televisa.
Sin embargo, nada parece ocurrir en lo concerniente a la forma en que el ejecutivo y los gobiernos estatales ejercen los recursos públicos destinados a la promoción de sus actividades..de eso hablaremos mañana.
Para continuar con el tema de la forma en que hoy en día funcionan las áreas de comunicación en México, es preciso hacer las siguientes reflexiones y referirnos al polémico tema del proyecto de Ley de Publicidad y comunicación institucional que se debate actualmente en España, una referencia importantísima que nos obliga a pensar en los asuntos pendientes que, sobre el tema, tenemos en México y que nos permitirían contar con un marco para hacer, de éstas áreas, Direcciones de Comunicación con un objetivo verdaderamente Social.
Hay sociedades que a base de ejercer el análisis sobre sus propias normas se vuelven, lo menos, más participativas. Estas sociedades incluyen desde luego a todos los ciudadanos en general y en particular a los que pertenecen y actúan dentro grupos de influencia importantes, más allá de los que lo hacen dentro de las instituciones.
Una de estas sociedades es la sociedad española en general y en particular el grupo de investigación relacionado con el desempeño de los medios de comunicación en ese país y fuera de él.
Es un hecho que España ha avanzado de forma importante en el campo de la investigación sobre este tema y ha hecho aportaciones muy valiosas que surgen de la observación del fenómeno mediático. Decenas, quizás cientos de investigadores españoles en este ámbito han hecho aportaciones novedosas pero también han formalizado con rigor científico hipótesis referentes a diversos temas sobre los medios de comunicación y la opinión y el espacio público que habían sido abordadas exclusivamente con base en la experiencia.
México ha empezado también a abrazar con mayor fuerza las reflexiones en torno a los medios de comunicación. Esfuerzos como los de la Asociación Manuel Buendía y la Revista Mexicana de Comunicación son referencias obligadas.
América Latina, en general, ha despertado también a esta necesidad de discutir sobre la actuación de los medios de comunicación y países como Argentina, Chile y Colombia lo han hecho vivamente, haciendo aportaciones muy valiosas.
Regresando a España, es conveniente en este punto contemplar la propuesta de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, cuyos objetivos prioritarios son: garantizar la utilidad pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional en el desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y comunicación.
“La utilidad pública como objetivo de estas campañas (del gobierno) implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”, dice el texto en su exposición de motivos.
El segundo objetivo pasa por profesionalizar la planificación, ejecución y evaluación de las campañas, para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos.
Con el tercer objetivo se fortalece la transparencia de las campañas, mediante la habilitación de fórmulas que den a conocer todas las actividades de publicidad y comunicación que prevea desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades que le están adscritas.
En España, esta propuesta de Ley ha cimbrado el panorama mediático y de publicidad, ya que como publica la edición “Cinco días”, “la administración central es el primer anunciante de España por volumen de inversión”.
Aunque en México parecemos estar muy lejos de llegar a la madurez para obtener una propuesta de Ley de este tipo, no hay que minimizar que la “democracia mediática” ha provocado algunas reacciones difíciles de concebir tan sólo unos años atrás. La mejor muestra es el convenio signado entre Teevisa y el IFE recientemente, y los esfuerzos de este instituto para aclarar el origen de los recursos que los candidatos utilicen en sus campañas.
Aunque analistas de Santander, dice Raúl López Parra en un artículo para la RMC, consideran que el convenio Televisa-IFE dificulta que la empresa alcance los ingresos estimados en 90 millones de dólares; (…) aún así prevé que 70% de las prerrogativas de los partidos se destinará a la televisión (133 millones de dólares) y de este monto 68.4% serían captados por Televisa.
Sin embargo, nada parece ocurrir en lo concerniente a la forma en que el ejecutivo y los gobiernos estatales ejercen los recursos públicos destinados a la promoción de sus actividades..de eso hablaremos mañana.
Comentarios